El préstamo de libros electrónicos a través de
bibliotecas públicas ha sido motivo de controversia reciente en los Estados
Unidos de Norte América debido a que algunas grandes editoriales han impuesto
condiciones consideradas muy restrictivas por las bibliotecas o incluso se han
negado a vender libros electrónicos para evitar así cualquier medida de
préstamo en bibliotecas públicas.
Cristóbal Urbano publicó en Blok de BiD un interesante post con el
título de De Andrew Carnegie a OverDrive, Amazon y… ¿algo más? Bibliotecapública y préstamo de libros digitales en Estados Unidos donde sitúa este tema actual desde una interesante
perspectiva histórica.
Las posturas maximalistas y proteccionistas de la
industria editorial suscitan inevitablemente una reacción contraria de querer
igualar las condiciones de venta de los libros digitales a los impresos. Las
dos formas no son equiparables ya que la fisicidad del libro impreso impone
unas restricciones inevitables que limitan el uso del libro impreso a un
usuario a la vez y lo someten a un desgaste que obliga a su reemplazo al cabo
de cierto uso. Un grupo de trabajo intersectorial del Reino Unido ha preparado
unas recomendaciones para un servicio de préstamo digital en las bibliotecas
públicas que resume muy bien Carme Fenoll en otro post de Blok de BiD,
Políticas de préstamo digital en las bibliotecas públicas: el caso deInglaterra.
La dificultad y la necesidad de encontrar un sistema que
permita a las bibliotecas comprar libros e- para dejarlos en préstamo y que sea
compatible con la industria editorial hace muy interesante la iniciativa de la
Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria de convocar un concurso para
la Adquisición de licencias de uso de libros electrónicos (e-books) para supréstamo a través de las Bibliotecas Públicas, así como la implantación de unsistema de gestión informática.
Creo que la iniciativa es digna de aplauso por lo que
significa de querer que las bibliotecas no dejen de ofrecer un tipo de lectura
que cada vez será más popular y que tiene ventajas innegables. El concurso sale
por un importe total de 1.705.785,12 € (sin IVA) y se divide en 7 lotes temáticos
más otro para audiolibros. Los ofertantes deberán ofrecer obras con licencia de
uso para al menos 12 meses, es decir que –simplificando- se podrán adquirir o
bien o pocos libros para muchos usuarios, o muchos libros para un solo usuario
a la vez, o una mezcla de las dos opciones. El concurso tiene mucho de experimental ya que
no hay precedente que permita suponer qué ofertas harán las editoriales o los
agregadores. Quizá se hubiera sido mejor convocar un concurso inicial que
permitiera analizar la respuesta del mercado y, a partir de esta, hacer una
convocatoria más precisa y mejorada. Veremos, por ejemplo, qué ofertas reciben
los lotes 6 y 7 para libros infantiles de ficción y conocimiento.
Otro aspecto que resulta interesante del concurso es que
se realiza para todas las bibliotecas públicas españolas. Creo no equivocarme
diciendo que el Ministerio no ha realizado en el pasado reciente compras
directas de libros para bibliotecas sino que ha dejado que sean las mismas
bibliotecas las que lo hagan. La disruptividad de lo digital está abriendo
nuevas modalidades de hacer las cosas. En las universidades, la llegada de las
revistas digitales a finales del siglo pasado supuso una modalidad nueva de
compra (las adquisiciones cooperativas) y la aparición de nuevos agentes (los
consorcios de bibliotecas). En Holanda, la adaptación a las nuevas
posibilidades de la información electrónica ha supuesto una redistribución de
competencias entre estado, regiones y municipios para los servicios
bibliotecarios.
Esta nueva realidad, junto con las sorpresas que puedan
presentar las ofertas que reciba el concurso, hace del mismo una experiencia
que debería formularse en un marco de cooperación y consenso y que deberá ser
seguida con interés por la profesión.
Más sorprendente y difícil de justificar me parece la
cláusula 2.1.1 que dice: “Con carácter general, todas las obras a ofertar,
salvo las que forman parte del Lote 5 “Idiomas”, deberán estar en lengua
castellana”. Es decir, el Estado podrá sufragar con dinero de todos libros de
autoayuda –que son usados por una minoría de la población española- o novelas
de ciencia ficción – que son preferidas por otra digna minoría- pero no podrán
leer en catalán el despertar sexual del protagonista de la última novela de
John Irving con una bibliotecaria ni tampoco en catalán La trama matrimonial
que teje Jeffrey Eugenides en su último libro.
Esta exclusión a priori de algunas minorías del resultado
del concurso es, en este caso, especialmente ridícula ya que es perfectamente
posible que un ofertante hubiera podido ofrecer un número determinado de accesos
a una obra dada independientemente de la lengua en la que los lectores hubieran
decidido leerla.
