Es mostren els missatges amb l'etiqueta de comentaris préstec. Mostrar tots els missatges
Es mostren els missatges amb l'etiqueta de comentaris préstec. Mostrar tots els missatges

dijous, 27 de març del 2014

Políticas de información para la lectura y la cultura


[El v. 23, n. 2 (marzo-abril de 2014) de la revista “El profesional de la información” tratará de Políticas de información. Paso a publicar por entregas mi contribución (4/6).]

El dominio emergente de lo digital reconfigurará las relaciones del ciudadano con la cultura y debe suponer más información y más capacidad de usarla para el ciudadano. Los espacios de uso libre de la información dentro de lo que han sido las bibliotecas hasta ahora deben extenderse al espacio virtual donde el ciudadano ha  de poder encontrar la información que rellena su ocio, le forma y configura su memoria. La biblioteca no edificio y sí organización ha de poder prestar libros digitales, ofrecer información digital para el uso de todos y garantizar que el acervo de lo nacido digital pasará a las generaciones futuras.

Para los ámbitos anteriores hemos afirmado que se daba coincidencia amplia sobre los objetivos finales. En este en cambio incluso estos pueden estar en entredicho ya que la información digital erosiona los modelos de mercado vigentes.

No se puede banalizar el impacto del préstamo de libros en formato digital sobre la sostenibilidad económica de las empresas editoriales y las cadenas de distribución de la cultura. Las editoriales han contribuido a la difusión de la cultura a la vez que han sido empresas con finalidad de lucro e incluso a veces muy rentables. El fomento de la lectura y las funciones educativas y sociales realizadas a través del préstamo gratuito de libros por parte de las bibliotecas debe poder continuar haciéndose en beneficio del ciudadano y de la sociedad y debe hacerse manteniendo algún tipo de negocio para el editor. Carme Fenoll definía el problema de esta manera “los editores no acaban de dar luz verde al préstamo de libros electrónicos en las bibliotecas públicas porque creen que éste desequilibraría el sector y repercutiría disminuyendo sus ventas”[i]. Lo cierto es que -a diferencia del caso de las revistas científicas con el pago por publicar- en el ámbito de la edición comercial no se ha encontrado aún el equilibrio que satisfaga a las dos partes. La solución no es ni será fácil ni tampoco será local. Debería crearse una alianza de autores, editores, libreros y bibliotecarios que intentara definir un acuerdo nacional por el préstamo digital. Un acuerdo que sería provisional y que probablemente solo pueda configurarse de momento de forma piloto. Al mismo tiempo esta alianza debería tener la vista puesta en las operaciones parecidas emprendidas por países próximos[ii].

El segundo elemento punto de una política de información para la ciudadanía sería el fomento de la digitalización de documentos no nacidos digitales y sobre todo su puesta a disposición en formatos interoperables y regímenes de uso amplios. Lo primero parece formar parte de lo asumido por todos y podríamos citar aquí diferentes iniciativas ejemplares de digitalización de documentos[iii]. Creo que los consensos y planes de acciones institucionales deben centrarse en la interoperabilidad de los documentos digitalizados (muchos de ellos con recursos públicos). El enorme universo de la cultura humana se ha desplegado en nichos que tienen más que ver con la forma que han tomado los documentos que con sus contenidos. El mundo de lo digital nos permitirá recomponer los nichos en un todo, al menos en el dominio del acceso. Para que una persona pueda acceder a los contenidos que le interesan de forma independiente de la forma que estos tomen (o de las instituciones que los almacenen), los metadatos deben ser interutilizables por aplicaciones, indistintamente del ámbito institucional en el que se hayan producido. Probablemente la web semántica y los datos abiertos y enlazados (linked open data) sean la solución, pero antes de un uso amplio de los mismos, los diferentes colectivos profesionales que tratan con documentos culturales deberán hacer esfuerzos de aproximación en la forma como los tratan.

Finalmente la preservación de lo nacido digital deberá afrontarse también en alianza entre diferentes sectores. Las instituciones culturales no son las que tienen la infraestructura y la tecnología que se requerirá para preservar la cada vez mayor cantidad de información nacida digital que deberíamos garantizar que se conservara para el futuro. Ni serán tampoco los tecnólogos quienes tendrán los conocimientos y la sensibilidad que se necesitarán para manejar documentos digitales de diferente procedencia y contexto. Ni hay consenso amplio sobre lo que debemos preservar ni instrumentos preparados para hacerlo. Y en este caso la solución tampoco podrá proceder de una sola instancia.

En este campo de información para la ciudadanía los agentes se multiplican, autores, editores y libreros; archivos, bibliotecas y museos; documentalistas e informáticos: en todos los casos se trata de establecer alianzas con sectores que han sido vecinos en el reino de lo impreso, pero vecinos incomunicados. Las políticas de la información que se deben establecer aquí quizá sean las más difíciles de tejer debido a la heterogeneidad de culturas corporativas e intereses de sus agentes.




[i] Carme Fenoll, “Políticas de préstamo digital en las bibliotecas públicas: el caso de Inglaterra”. Blok de BiD, 15/05/2013, http://www.ub.edu/blokdebid/es/content/pol%C3%ADticas-de-pr%C3%A9stamo-digital-en-las-bibliotecas-p%C3%BAblicas-el-caso-de-inglaterra
[ii] Recomiendo la lectura de los excelentes informes para el Blok de BiD hechos por Carme Fenoll y por Cristóbal Urbano sbre el préstamo de libros Electrónicos en Estados Unidos, Francia e Inglaterra.
[iii] Ver, por ejemplo: “Le Québec doit mobiliser et fédérer, avec l’appui de l’État, ses artistes et organismes, industries culturelles, médias, institutions patrimoniales et muséales, afin d’assurer, grâce au numérique, la persistance de notre culture, son rayonnement et son renouvellement.” En: Pour occuper l’espace numèriques: stratégie culturelle numérique du québec (Gouvernement du Québec, 2014). http://www.mcc.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Strategie_culturelle_numerique/MCC-StrategieNumerique-HR.pdf

dilluns, 24 de juny del 2013

Todas las obras a ofertar deberán estar en lengua castellana


El préstamo de libros electrónicos a través de bibliotecas públicas ha sido motivo de controversia reciente en los Estados Unidos de Norte América debido a que algunas grandes editoriales han impuesto condiciones consideradas muy restrictivas por las bibliotecas o incluso se han negado a vender libros electrónicos para evitar así cualquier medida de préstamo en bibliotecas públicas.  Cristóbal Urbano publicó en Blok de BiD un interesante post con el título de De Andrew Carnegie a OverDrive, Amazon y… ¿algo más? Bibliotecapública y préstamo de libros digitales en Estados Unidos donde sitúa este tema actual desde una interesante perspectiva histórica.

Las posturas maximalistas y proteccionistas de la industria editorial suscitan inevitablemente una reacción contraria de querer igualar las condiciones de venta de los libros digitales a los impresos. Las dos formas no son equiparables ya que la fisicidad del libro impreso impone unas restricciones inevitables que limitan el uso del libro impreso a un usuario a la vez y lo someten a un desgaste que obliga a su reemplazo al cabo de cierto uso. Un grupo de trabajo intersectorial del Reino Unido ha preparado unas recomendaciones para un servicio de préstamo digital en las bibliotecas públicas que resume muy bien Carme Fenoll en otro post de Blok de BiD, Políticas de préstamo digital en las bibliotecas públicas: el caso deInglaterra.

La dificultad y la necesidad de encontrar un sistema que permita a las bibliotecas comprar libros e- para dejarlos en préstamo y que sea compatible con la industria editorial hace muy interesante la iniciativa de la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria de convocar un concurso para la Adquisición de licencias de uso de libros electrónicos (e-books) para supréstamo a través de las Bibliotecas Públicas, así como la implantación de unsistema de gestión informática.

Creo que la iniciativa es digna de aplauso por lo que significa de querer que las bibliotecas no dejen de ofrecer un tipo de lectura que cada vez será más popular y que tiene ventajas innegables. El concurso sale por un importe total de 1.705.785,12 € (sin IVA) y se divide en 7 lotes temáticos más otro para audiolibros. Los ofertantes deberán ofrecer obras con licencia de uso para al menos 12 meses, es decir que –simplificando- se podrán adquirir o bien o pocos libros para muchos usuarios, o muchos libros para un solo usuario a la vez, o una mezcla de las dos opciones.  El concurso tiene mucho de experimental ya que no hay precedente que permita suponer qué ofertas harán las editoriales o los agregadores. Quizá se hubiera sido mejor convocar un concurso inicial que permitiera analizar la respuesta del mercado y, a partir de esta, hacer una convocatoria más precisa y mejorada. Veremos, por ejemplo, qué ofertas reciben los lotes 6 y 7 para libros infantiles de ficción y conocimiento.

Otro aspecto que resulta interesante del concurso es que se realiza para todas las bibliotecas públicas españolas. Creo no equivocarme diciendo que el Ministerio no ha realizado en el pasado reciente compras directas de libros para bibliotecas sino que ha dejado que sean las mismas bibliotecas las que lo hagan. La disruptividad de lo digital está abriendo nuevas modalidades de hacer las cosas. En las universidades, la llegada de las revistas digitales a finales del siglo pasado supuso una modalidad nueva de compra (las adquisiciones cooperativas) y la aparición de nuevos agentes (los consorcios de bibliotecas). En Holanda, la adaptación a las nuevas posibilidades de la información electrónica ha supuesto una redistribución de competencias entre estado, regiones y municipios para los servicios bibliotecarios.

Esta nueva realidad, junto con las sorpresas que puedan presentar las ofertas que reciba el concurso, hace del mismo una experiencia que debería formularse en un marco de cooperación y consenso y que deberá ser seguida con interés por la profesión.

Más sorprendente y difícil de justificar me parece la cláusula 2.1.1 que dice: “Con carácter general, todas las obras a ofertar, salvo las que forman parte del Lote 5 “Idiomas”, deberán estar en lengua castellana”. Es decir, el Estado podrá sufragar con dinero de todos libros de autoayuda –que son usados por una minoría de la población española- o novelas de ciencia ficción – que son preferidas por otra digna minoría- pero no podrán leer en catalán el despertar sexual del protagonista de la última novela de John Irving con una bibliotecaria ni tampoco en catalán La trama matrimonial que teje Jeffrey Eugenides en su último libro.

Esta exclusión a priori de algunas minorías del resultado del concurso es, en este caso, especialmente ridícula ya que es perfectamente posible que un ofertante hubiera podido ofrecer un número determinado de accesos a una obra dada independientemente de la lengua en la que los lectores hubieran decidido leerla.